Articulo de opinión
Fundación Pazíficos
El
pasado 1 de abril del 2017 se realizó en Colombia la marcha en contra de la
corrupción convocada por el Centro Democrático en cabeza del ex presidente y
hoy en día senador de la república Álvaro Uribe Vélez, y otros personajes
políticos muy influyentes por sus posiciones ideológicas frente a asuntos, por
ejemplo, como el proceso de paz que todavía está en boga ahora en su etapa de
implementación. Más allá de lo que pueda generar y que, seguramente, genero
entre simpatizantes y opositores el propósito de la marcha, que para muchos se
desvió un poco del foco y, de paso, se utilizó para lanzar algunas
inconformidades frente algunos procesos del gobierno de turno de Juan Manuel
Santos y otros actores, notando también que de una forma muy arriesgada algunos
ciudadanos se infiltraron para exponer sus consignas en contra de las grandes
figuras promotoras de la marcha, se debe precisar que no está mal la intención
por la cual se protesta que, en este caso, es el fenómeno de la corrupción.
Otra discusión, que no tocaremos aquí, es quien la promueve. Por lo que, lo que
se intenta mostrar es que este fenómeno, se puede decir abiertamente, no
contempla un desarrollo conceptual ni practico en el que exista orientación o
casamiento alguno con las ideologías políticas de derecha e izquierda, o para
algunos de centro, entre otros aspectos., que determine quién o quienes están
autorizados a convocarla, permitiendo tomarlo como un tema transversal, por un
lado, al trabajo institucional del país y social, por el otro, que se relación
con el control ciudadano que es una responsabilidad de la
población.
Viendo
este tema, estamos seguros, son muchos los problemas que en una simple charla
callejera sonarían si se hiciera la pregunta de ¿Qué cree usted que es el
principal problema que afecta a Colombia?. Y, efectivamente, para ponerlo en un
contexto mucho más categórico, si así se puede decir, a nivel de la academia y
a nivel político, por ejemplo, en algunos espacios como el congreso, las
asambleas departamentales y los consejos municipales donde se debaten algunos
problemas del país, indudablemente coincidiría con los resultados del
interrogante. Es importante recordar que en estos últimos espacios el análisis
es mucho mayor que el de un ciudadano de a pie, ya que existen cosas que este
no ve por su falta de información. Pero esa no es la discusión de este escrito.
Frente al interrogante, retomando, se puede decir que el desempleo, el salario,
las vías o carreteras, la agricultura, etc., son algunos de esas incontables
dificultades que se podrían enunciar y por las cuales, haciendo uso del derecho
a protestar frente a las inconformidades sociales, políticas y económicas,
sería justo marchar todos los días exigiendo cambios. De hecho, algunos
ejemplos de ello fueron las diferentes marchas por la paz, los paros
camioneros, las incontables marchas docentes, y la lista seguiría si la lógica
de este trabajo fuese desarrollar un registro.
Pero
ante estas mencionadas y ambiguas problemáticas, eventualmente, serán pocos los
que mencionen el fenómeno de la “Corrupción” como la clave del éxito de
casi todos o gran parte de los males del país y es por ello que este tema hace
parte de nuestra información introductoria. A pesar de que es un tema que ha
sido trabajado desde diferentes espacios, las personas aún no han comprendido
su trascendencia. La falta de entendimiento de los significados, alcances y
formas de seguirse retroalimentando permite que se desvié siempre la discusión
sobre los efectos y no en las causa de ese flagelo. Todavía se maneja,
por ejemplo, la noción de ver la corrupción como un problema que solo se
focaliza en el robo de dineros públicos, pero la realidad de este fenómeno es
tan compleja que también se ubica en el tráfico de influencias y otro tipo de
actividades ilegales contempladas en la normativa colombiana. De todas formas,
con esto no se quiere informar a la ciudadanía que todos los problemas del país
son culpa de la corrupción, ya que hay proceso de otra índole que están sujetas
más bien a malas decisiones, falta de compromiso con algunos temas y que no son
parte de la agenda pública, inexactitud en la planificación u hoja ruta de
trabajo de los diferentes gobiernos de turno a nivel nacional, regional y local
para afrontar los que si hacen parte de la agenda, etc.
Ahora
bien, este fenómeno que no es nuevo en nuestro contexto, la mayoría de veces
tomado como experiencia no solo a nivel internacional, en el que se vislumbra
la realidad del país en comparación a otras contextos a nivel mundial o
suramericano, entre otros., sino también a nivel político, por ejemplo, en el
que se supone que los entrantes gobiernos de turno a nivel nacional y en las
entidades territoriales deben poder corregir o trabajar sobre ello para generar
transparencia con el uso de los recursos públicos, muestra (y es una sensación
que se mantiene aún en la población) que los esfuerzos desarrollados por los
órganos de control a veces son mínimos y se encuentran con obstáculos que
impiden la eficacia y eficiencia de sus funciones. Incluso se podría pensar, y
no es descabellado, que algunos funcionarios de estos órganos de control no
hacen el trabajo porque también están untados. Así, mirando que el país se
encuentra en una posición desfavorable, que impide hablar de ética en el
funcionario y servidores públicos, y aunque esos avances mínimos que
sistemáticamente se gestan en la institucionalidad sean transversales a todos
los temas de trabajo que hacen y no hacen parte de la agenda pública de los
gobernantes y de Estado, no quiere decir que el problema este siendo atacado
como debe ser; entendiéndolo como paños de agua tibia que al final no resuelven
nada.
En
suma, el trabajo que se debe de hacer para controlar, mitigar y acabar con este
flagelo, requiere del compromiso y responsabilidad del Estado y la ciudadanía,
que siempre hizo parte de la base de nuestro escrito, pero también del sector
privado, ya que por el hecho de no ser mencionado, por un lado, también es
promotor de este flagelo para beneficios individuales y, del otro, porque
algunas empresas pierden beneficios aun así su proceso siempre haya sido
transparente. De esta forma, por todos los efectos que ha tenido que vivir y
seguir soportando la población colombiana que no desfallece y encuentra grandes
líderes que están dispuesto a dar la lucha, teniendo igualmente en cuenta que
son pocos los que creen en esta forma de participación social y política, es
justo y tal vez sea poco pensar que 365 días de marcha y protesta para la
transformación no sean suficientes cuando de una gran parte de actores no
existe ni existirá voluntad de cambio.
